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Por Gabriel Casas

Este informe analiza la transformación del régimen argentino de subsidios a la garrafa de 10 kilos de gas licuado de petróleo (GLP) desde el Programa Hogar hacia el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Se evidencia una reducción drástica en la cobertura efectiva: sobre un universo estimado de 3.898.032 potenciales beneficiarios, sólo 341.504 (el 8,7%) habían sido admitidos a fines de octubre de 2026 al nuevo régimen. A su vez, de un crédito disponible para el programa de $231.448.756.491 a octubre de 2026 solo se había transferido $ 8.691.186.352, el 3,7% del crédito disponible. Se concluye que esta reestructuración, inspirada en la racionalización fiscal, profundiza la pobreza energética, la cobertura es
significativamente menor al régimen anterior al ser inferior en términos económicos y de accesibilidad por barreras burocráticas y por la baja cantidad de comercios habilitados, a su vez, el subsidio a la garrafa de GLP es inferior al subsidio al gas en redes intensificándose la desigualdad en perjuicio de los más necesitados. El cálculo del consumo base de GLP envasado omitió las asimetrías geográficas y de tamaño del grupo familiar. En su lugar, se otorgó un beneficio uniforme –18 reintegros anuales– a la totalidad de los beneficiarios, omitiendo aplicar criterios de diferenciación elementales. Asimismo, el valor pecuniario del subsidio permaneció inalterado. Cabe destacar que, aun cuando el marco normativo facultaba expresamente la actualización del monto del subsidio y la diferenciación territorial y de tamaño del grupo familiar, la
autoridad de aplicación desistió de hacer uso de esas prerrogativas. El resultado del nuevo esquema de subsidio al GLP compromete el acceso a un servicio esencial como es la energía, se modifica la distribución del costo energético entre el Estado y los hogares vulnerables, se tergiversa una política pública implementada por una ley del Congreso por una medida por la vía del decreto y se vulneran derechos constitucionales y convencionales. El informe plantea la necesidad de evaluar las políticas de subsidios no sólo por su impacto fiscal, sino por su cobertura efectiva, asequibilidad, accesibilidad
y capacidad para garantizar condiciones materiales compatibles con una vida digna.

Informe completo en :