Desde nuestra ONG, que trabaja todos los días junto a personas, familias, juventudes, niñas, niños y personas con discapacidad, sentimos la responsabilidad de expresar nuestra mirada frente al Proyecto de Ley de Modernización Laboral.
En el territorio vemos con claridad que el trabajo no es solo un salario: es estabilidad emocional, es organización familiar, es posibilidad de estudiar, de cuidar, de acompañar procesos de inclusión y de proyectar un futuro. Cuando el trabajo es precario o incierto, la exclusión se multiplica y el daño no es individual, es social.
Queremos ser claros: no nos oponemos a la necesidad de pensar herramientas laborales más modernas, acordes a los tiempos actuales, a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de producción. Creemos que el derecho laboral debe actualizarse y fortalecerse.
Pero esa modernización no puede imponerse de manera unilateral, ni surgir exclusivamente desde el Gobierno sin un diálogo real con la sociedad. Una reforma de esta magnitud requiere un debate amplio, democrático y participativo, que involucre a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los trabajadores, al sector empresario y a todo el arco político, para construir consensos duraderos y soluciones justas.
La constitucionalidad de la reforma laboral es un punto central de conflicto, con expertos y actores sociales señalando serias dudas sobre su compatibilidad con la Norma Fundamental y la jurisprudencia existente, lo que seguramente derivará en una intensa batalla judicial.
Nos preocupa que el proyecto actual avance en cambios que debilitan la protección del trabajador y profundizan la precarización, especialmente, entre las juventudes. Cuando el trabajo deja de ser un horizonte posible, estable y digno, los incentivos se rompen. En ese contexto, muchos jóvenes quedan expuestos a otros caminos de altísima vulnerabilidad.
Desde nuestra experiencia cotidiana vemos cómo, en ausencia de oportunidades reales, la promesa de la “plata fácil” gana terreno: el impacto negativo de ciertas lógicas de las redes sociales, el crecimiento de las apuestas online, el consumo problemático y otras situaciones que alejan a los pibes de la educación, del esfuerzo y de la disciplina que todo proyecto de vida necesita. Son caminos que, una vez transitados, muchas veces no tienen retorno.
No defendemos la judicialización permanente ni los abusos del sistema. Sabemos que hacen falta reglas claras y soluciones que eviten conflictos innecesarios.
Pero no creemos que la salida sea recortar derechos, limitar reparaciones, afectar el derecho a la huelga o naturalizar la inestabilidad laboral como si fuera el costo inevitable del desarrollo.
Desde nuestra experiencia comunitaria sabemos que cuando el empleo se vuelve frágil, aumentan la pobreza, la angustia, la deserción educativa y la exclusión, afectando especialmente a niñas, niños, adolescentes y a las personas que requieren mayores cuidados y acompañamiento.
Como organización social, creemos que modernizar debe significar mejorar la calidad de vida, fortalecer el trabajo digno y cuidar a quienes sostienen la sociedad con su esfuerzo cotidiano.
Defender el trabajo es defender a las familias.
Defender a las juventudes, la niñez y a las personas con discapacidad es construir una comunidad más justa y solidaria.