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Que cada accidente de tráfico cause sólo un número limitado de muertes y reciba escasa cobertura mediática, hace difícil el reconocimiento pleno de la magnitud del problema y permite que la epidemia de traumatismos por accidentes de tráfico siga en la sombra. (Informe de la Organización Mundial de la Salud -OMS – “La Salud en el Mundo”. Capitulo 6: Epidemias mundiales desatendidas: tres amenazas crecientes)

Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años. Los más comprometida en los siniestros viales son los adolescentes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja arduamente para concientizar sobre la falta de políticas públicas en materia de seguridad vial; en su informe “La salud en el mundo”, no duda en declarar como «epidemia oculta» a las víctimas y mórbidos de los siniestros viales .
Atento a la magnitud de la situación de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito, sus efectos sociales, sanitarios y económicos, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a sus estados miembros y a la comunidad internacional para que incluyan a la “seguridad vial como una cuestión política mundial”. Para ello elaboro un Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y 2021-2030iii.
El Gobierno nacional, mediante la disposición n°730/2021 adhirió a los objetivos impulsados por el nuevo Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
Las cifras de muertos y heridos en calles y caminos de todo el mundo en la última década son más que alarmantes, según las estimaciones de la ONU:
De la fuente de datos más próximos en el tiempo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se desprende que 1,30 millones de personas fallecen anualmente por esa causa y entre 20 y 50 millones resultan heridas en el mismo lapso, muchas de las cuales quedan mutiladas o incapacitadas.
– Los traumatismos causados por los accidentes de tránsito representan el 59% de las defunciones entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.
– Los adolescentes y adultos de entre 15 y 44 años, son la franja etaria más expuesta a los siniestros viales.
– Cada año, en el mundo entero tenemos más de 3.000 defunciones diarias— y más de la mitad son peatones.
– El 92% de las defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo.
– Los peatones, los ciclistas y los conductores o pasajeros de vehículos motorizados de dos y tres ruedas se conocen colectivamente como «usuarios vulnerables de la vía pública» y representan la mitad de todas las muertes por accidente de tránsito en todo el mundo. La proporción de muertes de usuarios vulnerables de la vía pública por accidente de tránsito es mayor en los países de ingresos bajos que en los de ingresos altos.

Pese al esfuerzo del Organismo intergubernamental y sus respectivas agencias en visibilizar y reducir las muertes por siniestros viales en Argentina los datos siguen siendo preocupantes. Los siniestros viales son la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Los accidentes de tránsito siguen representando un importante problema de salud pública pese a una moderada baja en los incidentes viales.
Del Informe de siniestralidad vial fatal año 2023 de la Dirección de Estadística Vial de la Secretaria de Transporte de Nación, se desprende; sobre un total de 3.753 siniestros fatales, las muertes fueron 4.486, lo que representa un promedio de 12 personas por día. Esto obliga a aclarar que también habría que sumarle los fallecidos post-siniestro y los traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito y pérdidas materiales estimadas en U$S 10.000 millones por año.
La cantidad de víctimas fatales se encuentra en valores similares al año 2021, año de menor circulación, y por debajo del promedio de toda la serie histórica. A nivel de tasas según población y parque, son las provincias del norte del país aquellas con valores más altos.
En la provincia de Buenos Aires, el año pasado murieron a causa de siniestros viales 1.352 personas con el 25,4% de los siniestros del total del país; a razón de 4 muertes evitables por día.
Con estos datos podemos afirmar que en Argentina mueren más personas por siniestros viales que a raíz de un hecho delictivo.

La inseguridad vial en territorio argentino produce más muertos que los hechos de inseguridad, equivaldría a 23 tragedias de Cromañon por año.

Una epidemia que recibe escasa cobertura mediática y se posa sobre el paradigma “actual” de la predestinación que conceptualiza a la inseguridad vial como “accidentes viales”, inevitables por el factor humano.
Vemos con preocupación la falta de respuesta del Poder Ejecutivo Nacional ante los alarmantes números de fallecidos en siniestros viales, siendo estos la causa principal de muertos en los adolescentes y menores de 35 años.
En febrero de 2025, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad convocaron a las entidades gremiales para comunicarles sobre una posible fusión de este organismo con la Agencia Nacional de Seguridad Vialiiii.
Sin formular precisiones, el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad también ha informado que el organismo está participando en este proceso de restructuración del Estado Nacional, el cual conlleva la reducción de la estructura organizativa y despido de personal. De público conocimiento, se habla de una reducción del 30% de la plantilla lo cual implica que más de 1.500 personas queden sin trabajo. El panorama se vuelve más preocupante aún si consideramos que durante el año 2024 no se sancionó la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2025, herramienta fundamental para garantizar que el organismo pueda llevar adelante su función.

EL FACTOR CULTURAL EN LA SINIESTRALIDAD.
Un informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) lleva un registro de los siniestros ocurridos en el país, no sólo en el lugar del accidente, sino también en su evolución posterior, afirma que de cada 100 accidentes que se producen, 90 ocurren por causas humanas, 5 por el estado del vehículo y otros 5 por las condiciones en que se halla el piso o las condiciones del camino.
La incidencia del factor humano en los accidentes de tránsito tiene relación con cuestiones normativas, con el establecimiento de las reglas de tránsito y los mecanismos de sanción correspondientes, pero también con los modos de manejo aprendidos, las conductas viales de inculcación temprana. Se advierte que la principal causa de accidentes es la falta de educación vial, la desatención, la irresponsabilidad del conductor y la protección implícita que significa una póliza de seguros.
Superada la etapa de la institucionalidad de la seguridad vial como política pública, mediante la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el cuerpo normativo que la sustenta (Ley Nacional de Tránsito, Decretos reglamentarios, etc), es momento de defender lo conquistado y generar acciones creativas para la consolidación de la seguridad vial como política pública.
Una investigación realizada por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires “Factor cultural de la siniestralidad, paradigma de la multicausalidad compleja” ii nos da una nueva e interesante mirada sobre la problemática en la implementación de políticas públicas en Seguridad Vial.
La investigación de carácter interdisciplinaria e innovadora en la forma de estudiar y/o analizar el comportamiento del “conductor –peatón” desde una mirada antropológica, introduce una perspectiva totalmente distinta al paradigma actual (predestinación) desde donde actualmente se crean y se ejecutan las políticas públicas para la seguridad vial.
Esta nueva dimensión en el abordaje del factor cultural en la seguridad vial, se contrapone al paradigma actual de la predestinación que conceptualiza a la inseguridad vial como “accidentes viales”, inevitables por el factor humano, que generan indignación en la comunidad civil, haciendo responsable de esos accidentes viales, a las víctimas. Las políticas públicas en materia de seguridad vial amparadas bajo este paradigma cosifican el problema, lo subestima, y supone que los accidentes son procesos que coinciden, son independientes, no hay relación causal entre ellos, aunque cada uno tenga una causa que actúe de modo necesario. Abundan en datos duros sobre cantidad de muertos y en mapas siniestrales.
El paradigma de la multicausalidad, toma a los hechos viales como siniestros viales, evitable desde todo punto de vista, generados por diversas causas, generando asombro y culpa compartida. Las políticas públicas son abordadas desde diversas disciplinas, generando información disgregada pero con vínculos, activando programas de investigación específicos y teniendo siempre en cuenta que se puede seguir mejorando.
Para reducir el número de incidentes de tránsito, habrá que trabajar sobre el patrón socio-cultural de la siniestralidad vial y prestar una mayor atención a los usuarios más vulnerables de la vía pública, como peatones, ciclistas y motociclistas, además de aplicar las nuevas tecnologías en la detección de los puntos negros en las vías de circulación del parque automotor.
Una primera mirada sobre los siniestros viales nos conduce a afirmar que necesitamos imperiosamente generar una política pública en materia de seguridad vial, que sea creativa, sistemática, unificada y articulada inter-institucionalmente sobre el campo vial, que pueda generar un cambio cultural en la conciencia ciudadana.
Para desentrañar las cusas humanas en la siniestralidad vial es necesario aportar elementos para el diseño y la implementación de políticas públicas (y eventualmente también privadas), hacer especial hincapié en la transformación del habitus vial argentino a través de planes de educación vial realistas en términos históricos, conceptuales y metodológicos, generando una cadena de transformación de cuerpos indóciles en cuerpos disciplinados cuya legalidad esté integrada y no hojaldrada. Al mismo tiempo, en el plano de la acción política, es necesario instalar la idea de campo vial, como aquel conjunto de actores individuales e institucionales que disputan capitales sociales, culturales y económicos dentro de este sistema.
Desde esta perspectiva analítica, la transformación del habitus vial supone la modificación de los procesos de producción del sujeto vial, en donde intervienen todos los actores que se hallan en situación de poder dentro del campo. Este proceso de producción supone intereses económicos y políticos en disputa que tienen consecuencias directas sobre las condiciones de materialidad del campo. Ejemplos de esto son, las mejorar en las condiciones estructurales del transporte público de pasajeros tanto urbanos como de media y larga distancia, sin privilegiar solo el aspecto punitivo o de control perse y considerando esencial una profunda transformación, a partir de capacitaciones prolongadas, de la cultura de manejo de colectiveros, taxistas y choferes.
El enfoque antropológico en la siniestralidad brinda una mirada que introduce el factor histórico y cultural en el estudio del sentido de nuestra conducta vial. Esta mirada facilita un análisis menos esencialista, individualista y voluntarista de la conducta vial, relativizando también los enfoques que enfatizan solo la coerción o bien la materialidad de la construcción o los dispositivos tecnológicos como únicas panaceas, reintroduciendo el factor social y cultural en la misma. Este factor provee una dimensión poco reconocida en las políticas públicas de seguridad vial, pero que tiene un potencial analítico esencial para objetivar el sentido cultural de los hechos viales, muchos de los cuales son opacos tanto al sentido común como a las políticas unilaterales de control y coerción.
El enfoque sobre el entorno y el vehículo es simplemente intervencionista, se trabaja de manera directa con el objeto de trabajo, extrayendo datos concretos sobre las causas directas e indirectas de los accidentes de tránsito.
Las políticas públicas en materia de seguridad vial deben ser orientadas a diseñar estrategias de concientización teniendo en cuenta las prácticas culturales viales de Argentina (colaborar en la planificación de una política de Seguridad Vial, proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y lograr una ciudadanía vial más responsable y comprometida con el bien colectivo).

RECOMENDACIONES:
•Desarrollar intervenciones sobre el campo vial desde una perspectiva cultural.
• La educación debería enfatizar la relación íntima entre las prácticas reales y las normas, y analizar su distancia.
• Reducir la ambigüedad que tienen los signos viales que se interpretan como símbolos y reforzar su valor transparente y su obediencia automática, sin interpretación alguna.
• Estrategias de intervención que apunten a reforzar los valores culturales que tiendan a la modificación del habitus vial actual bonaerense.
• Que las políticas relacionen la conducta vial con los potenciales riesgos del desplazamiento por calles y veredas.
• Unir conducta vial como hecho social, con el riesgo de seguridad que está presente en el campo vial.



[i] Informe de la Organización Mundial de la Salud -OMS – “La Salud en el Mundo”. Capítulo 6: Epidemias mundiales desatendidas: tres amenazas crecientes, examina la sigilosa pero rápida evolución de otras dos epidemias y las posibles maneras de hacerles frente. La globalización de las enfermedades relacionadas con el tabaco se puede abordar en el contexto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Por otro lado, la «epidemia oculta» de las víctimas que se cobran las carreteras y los peligros ambientales relacionados con el tráfico rodado puede mitigarse si los países en desarrollo adaptan debidamente a sus propias necesidades las mejoras en materia de seguridad vial o de otra índole logradas en otras regiones del mundo.

[ii] En su resolución 64/255, 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la Seguridad Vial», con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial. “Exhorto a los Estados Miembros, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar que el Decenio produzca mejoras auténticas. Para dar un paso en esta dirección, los gobiernos deberían dar a conocer sus planes nacionales para el Decenio cuando este se ponga en marcha a nivel mundial el 11 de mayo de 2011”. Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.

[iii] En la Conferencia de Estocolmo del 2021 sirvió como punto de partida para elaborar este Plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2021-2030. Concretamente, se recogen las medidas necesarias para alcanzar la meta propuesta, y se hace un llamamiento a los gobiernos y asociados para aplicar un enfoque de sistemas seguros integrado. Así, se aboga por medidas enfocadas la infraestructura vial segura, el uso seguro de las vías de tránsito, el transporte multimodal, vehículos seguros, y una mejor respuesta después del siniestro para reducir las posibles secuelas. Todo ello se consigue invirtiendo económicamente, con una amplío y enfocado marco jurídico, haciendo una gestión de la velocidad, fomentando la formación y la capacitación, con el desarrollo y aplicación de tecnologías, y dando prioridad a los países de ingresos bajos y medios. Todo ello, por supuesto, con la colaboración de la sociedad civil y el trabajo de gobiernos, sector privado, entidades de financiación y organismos de las Naciones Unidas.

iv En el marco de la política llevada adelante por el gobierno actual, el Art. 4° de la Ley Nacional 27.742 (Ley de Bases y Condiciones para la Libertad de los Argentinos) faculta al Poder Ejecutivo nacional a disponer, en relación con a los organismos de la administración central o descentralizada, la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades así como también a la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

vi Investigación El factor cultural en la siniestralidad. Paradigma de la multicausalidad compleja. Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires – Grupo Culturalia UBA. Año 2012.