La Colectiva de Trabajadoras Judiciales es una Asociación Civil integrada por empleadas, magistradas y funcionarias feministas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Se organiza en la convicción de que resulta indispensable la realización de profundos cambios para erradicar las desigualdades y los hábitos misóginos dentro de nuestro ámbito laboral, a fin de construir prácticas colectivas que conviertan al Poder Judicial en una institución clave para lograr una transformación social con perspectiva de género y enfoque de derechos.
Introducción
La Colectiva se encuentra atravesada e interpelada por las experiencias vividas y las demandas de cambios urgentes en la visión estereotipada con la que el Poder Judicial aborda las temáticas transfeministas, entre ellas la problemática de la violencia y discriminación contra las mujeres y diversidades.
Durante el año 2021 un equipo interdisciplinario de trabajadoras que integra el Observatorio de la Colectiva de Trabajadoras Judiciales, llevó adelante un trabajo de investigación basado en una encuesta con el objetivo de generar un diagnóstico acerca de las situaciones de violencia por razones de género que se desarrollan en el ámbito laboral, a fin de visibilizarlas y proponer líneas de acción para erradicarlas. Los resultados obtenidos fueron alarmantes y se presentaron ante las autoridades del Poder Judicial provincial a fin de que se adopten acciones urgentes de prevención, asesoramiento y abordaje integral de la violencia y acoso laboral por motivos de género que sufrimos en nuestro ámbito laboral.
Durante el año 2022 se llevó adelante una segunda edición de la encuesta, para profundizar sobre algunas dimensiones y evaluar los cambios que se pudieran haber producido en el tiempo transcurrido. En el presente informe se desarrollarán los principales resultados obtenidos.
La encuesta se organizó en torno a los cinco tipos de violencia por razones de género (simbólica, psicológica, económica, sexual y física). Se realizaron varias preguntas referidas a cada tipo de violencia, a fin de identificar si la encuestada padeció alguna de ellas, con qué frecuencia y gravedad. A fin de actualizar el diagnóstico sobre las violencias de género en el ámbito laboral hacia las trabajadoras del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en la nueva versión de la encuesta se modificaron y agregaron algunas dimensiones, se profundizó sobre las estrategias adoptadas ante las situaciones de violencia y las respuestas institucionales a la misma, así como también sobre los efectos en la vida de quienes la padecieron.
Se recibieron 336 nuevos formularios de empleadas, funcionarias y magistradas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que se autoperciben mujeres o personas LGBTTIQ+, pertenecientes a distintos fueros y departamentos judiciales. A partir del análisis de las respuestas consignadas en los mismos, se llegaron a conclusiones muy preocupantes, cuestión que cobra aún más relevancia en la comparación con las cifras presentadas un año atrás.
Análisis de los resultados
A partir del análisis de los datos obtenidos se llegó a la conclusión de que el 96% de las encuestadas sufrió al menos un tipo de violencia por razones de género en el ámbito laboral, mientras que en los resultados de la encuesta realizada en el año 2021 esta cifra era del 95%. Si consideramos sólo aquellas trabajadoras que tienen personas a cargo, el porcentaje que sufrió violencia aumenta al 97%.
Por otra parte, ante la pregunta sobre si habían presenciado o escuchado el relato de una compañera que sufrió violencia de género en el ámbito laboral, el 93% respondió afirmativamente.
Como conclusión, el 98% de las trabajadoras encuestadas sufrieron directamente o atestiguaron situaciones de violencia de género en el ámbito laboral.
A continuación se presentan los resultados en porcentajes según el tipo de violencia padecido:
En la sección de violencia simbólica se indagó, entre otras cuestiones, aquella producida por comentarios degradantes o discriminatorios, exclusión de espacios u oportunidades laborales, maltrato por el goce de licencias, imposición de cargas extraordinarias, tratos desiguales respecto de los pares varones. Todas violencias producidas en el ámbito laboral y en las que subyacen razones de género. La encuesta reveló que el 94% de las trabajadoras habían padecido este tipo de hechos. Por ejemplo, una compañera manifestó: “Me desplazaron de mis tareas luego de volver de la licencia por maternidad”, en el mismo sentido otra escribió: “Cuando volví de la licencia por maternidad habían puesto mi escritorio en el pasillo”.
La violencia psicológica se caracteriza por el ejercicio de un daño emocional con disminución de la autoestima, mediante diferentes tipos de conductas que suelen minimizarse, naturalizarse o no ser tenidas en cuenta al interior del ámbito laboral. Como consecuencia de ello, el maltrato psicológico se hace parte de la interacción cotidiana. En esta sección se indagó sobre prácticas de indiferencia y ninguneo, insultos, daño a la reputación, aislamiento, humillaciones, descalificaciones en el ámbito laboral por razones de género, y el 72% de las encuestadas reveló haber sufrido al menos una de esas situaciones. En este marco, algunas manifestaciones fueron: “Robaron mis fotos de las redes y se las pasaron en el grupo de WhatsApp de la oficina, a partir de lo cual sufrí burlas constantes y hostigamiento”, “Me maltratan por mi condición de discapacidad, me discriminan”, “Sufro de problemas de salud mental y mi superior me dice: depresiva de mierda, no te quiere nadie”.
Por otra parte, se indagó la variable “ser testiga”, ya que constituye una forma sutil pero muy efectiva de violencia psicológica. Ante la pregunta sobre si habían presenciado o escuchado el relato de una compañera que sufrió violencia de género en el ámbito laboral, el 93% respondió afirmativamente. Ser testiga implica involucramiento, necesariamente atravesar estas vivencias sistemáticas como trabajadoras produce desgano, desmotivación e incluso, con el tiempo, evaluar pedir ser trasladadas a otras dependencias.
A esta situación se suma el agravante de que, quienes manifiestan haber presenciado violencias que sufrieron compañeras pero no se reconocen víctimas ellas mismas, pueden tener dificultades para advertir cómo las consecuencias de esa violencia vivida afectan sus propias decisiones y su propio vínculo con el trabajo, desactivando la posibilidad de un posicionamiento común que permita planteos de manera más colectiva. En soledad, las testigas elaboran respuestas cognitivas y afectivas frente a lo vivido que las ubican como potenciales víctimas, pero también como víctimas directas por la cercanía del padecimiento de la compañera y por no poder evitar ser testigas. La impotencia frente a la ausencia de medidas adecuadas opera entonces disciplinando a todas las trabajadoras que ven afectado su ámbito laboral cotidianamente por estas prácticas. La existencia y persistencia de las violencias produce daños psicofísicos de distinta gravedad en las vidas de las trabajadoras afectadas y de quienes son testigas de las mismas, incluso en su desempeño laboral, ¿cómo es posible que puedan prestar un efectivo servicio de justicia si puertas adentro padecen estas violencias?.
A partir de las preguntas realizadas a fin de detectar violencia económica y/o patrimonial, se pudo observar que las trabajadoras judiciales han padecido en numerosas oportunidades distintos agravios a su patrimonio; toda vez que el hecho de aportar bienes personales sin verse recompensadas, no recibir una prestación económica que les correspondía, obtener una negación o retraso en un ascenso en el cargo por cuestiones relacionadas a discriminación en base al género, resultan ser cuestiones graves que afectan varios derechos. En este sentido, una de las informantes manifestó: “Me negaron el acceso a un cargo letrado porque iba a entrar en licencia por maternidad y se lo dieron a un chico que recién entraba”. El 52% de las encuestadas sufrió violencia económica o patrimonial.
En la sección de violencia sexual se indagó sobre conductas o expresiones con connotación sexual, hostigamiento o represalias por negarse a intercambios sexuales, hasta experiencias directas de agresión y abuso sexual. El 66% de las encuestadas sufrió algún hecho de este tipo; el 5,4% manifestó que le fueron solicitados favores sexuales a cambio de beneficios, promociones laborales o bajo amenazas; el 7,7% experimentó hostigamiento laboral o algún tipo de represalia por negarse a un intercambio sexual o sentimental; al 12,2% las tocaron, besaron o forzaron a tener contacto físico sin su consentimiento y el 5,7% sufrió agresión o abuso sexual por parte de una persona de su entorno laboral. Asimismo, el 51% de las encuestadas manifestó haber presenciado directamente o escuchado el relato de una compañera que haya padecido alguna de las conductas descriptas de violencia sexual en el ámbito laboral del Poder Judicial de la Pcia. de Bs.As. Algunas manifestaciones en este sentido fueron: “No me ascendieron porque el juez quiso entablar una relación conmigo y yo no quise”, “Como no accedí a las propuestas sexuales de mi jefe, me hizo la vida imposible y me tuve que ir de la oficina”.
En la sección de violencia física, se profundizó sobre el padecimiento de golpes, empujones, cachetadas u otras conductas violentas ejercidas por personas del entorno laboral. El 11% de las encuestadas manifestó haber sufrido al menos un episodio de estas características.
- Personas agresoras según género y jerarquía respecto de la víctima
Ante cada pregunta sobre actos violentos en el ámbito laboral, se consultó acerca del género y cargo de la persona agresora. Es importante tener en cuenta que una trabajadora pudo haber sufrido muchos episodios distintos de violencia, con varios agresores diferentes, por eso la suma de los porcentajes es mayor a 100. Como principal resultado obtenido es de resaltar que todas las encuestadas que sufrieron hechos de violencia, manifestaron que en al menos uno de los sucesos el agresor era de género masculino,en el 68% de mayor jerarquía que la víctima. Es decir que casi 7 de cada 10 trabajadoras fueron víctimas de violencia por parte de un hombre o varón de mayor jerarquía que ellas. El 27% dijo también haber sido víctima de violencia por parte de un compañero de la misma jerarquía que ella, el 17% por parte de uno de menor jerarquía, y el 29% por parte de justiciables varones. Asimismo, también hubo agresoras de género femenino implicadas en los hechos de violencia, en su mayoría con cargos superiores a las víctimas y fundamentalmente en violencia simbólica o psicológica. En este sentido, 5 de cada 10 trabajadoras sufrieron violencia por parte de una agresora mujer que ostentaba superioridad jerárquica respecto de ella.
- Estrategias desplegadas ante los actos violentos
En relación a las estrategias desplegadas por las encuestadas ante las situaciones de violencia padecidas, se les preguntó si habían realizado denuncias ante las autoridades por los episodios vividos y sólo el 23% respondió que sí.
Este valor representa una disminución respecto de la cifra alcanzada con la encuesta del año 2021, en la cual el 27% de las encuestadas había efectivizado una denuncia, tal como se plasma en el siguiente gráfico comparativo.
A continuación, la encuesta indagaba las razones por las cuales la víctima no había formulado una denuncia. El 72% respondió no haberlo hecho por desconfianza en el sistema, miedo a que no le crean o temor a represalia o desventaja laboral. El resto desarrolló su respuesta argumentando distintas circunstancias, fundamentalmente en que se habían tomado otro tipo de medidas para mitigar la violencia, en la mayoría de los casos recayendo los perjuicios sobre la víctima, como por ejemplo teniendo que enfrentarse directamente al agresor o siendo trasladada de dependencia.
Por otra parte, se indagó en los resultados que había tenido la denuncia en aquellos casos en los que se la había efectuado, y los resultados fueron los siguientes:
En relación a los datos presentados en el informe anterior, se puede apreciar que el porcentaje de sanciones al agresor se mantuvo igual (12%), mientras que aumentó el porcentaje de víctimas perjudicadas o trasladadas, del 29% en el año 2021 al 35% en el 2022.
El traslado de la víctima de dependencia de trabajo es una práctica institucional común, incluso promovida como una buena práctica por las oficinas destinadas a abordar esta práctica al interior del Poder Judicial. Sin embargo, desde la Colectiva de Trabajadoras Judiciales consideramos que el traslado de dependencia de la víctima es una práctica perjudicial para la trabajadora, que implica la pérdida del aprendizaje adquirido en sus funciones, para tener que integrarse a un nuevo grupo humano de trabajo y adquirir nuevas habilidades que le permitan desenvolverse en un ámbito ajeno, todo ello promovido por haber sufrido maltrato en lo laboral. De esta manera se ve afectada su carrera judicial y se fortalece el “techo de cristal” que padecen las trabajadoras de la institución en la posibilidad de ocupar los cargos de mayor jerarquía.
En este sentido, consideramos que el traslado de la trabajadora implica una revictimización y quien debería ser suspendido o trasladado es el victimario hasta que se resuelva definitivamente la situación disciplinaria. En muchos casos son las propias víctimas quienes solicitan el traslado, en la convicción de que las autoridades no resolverán nada a su favor y que el proceso sólo le traerá perjuicios, tal como se verá reflejado en los próximos gráficos. Resulta un agravante considerar el carácter disciplinador de estas “soluciones” en relación a quienes han presenciado situaciones de violencia de compañeras y saben que el único camino posible ante estas situaciones es un traslado. En este escenario, es razonable suponer que si llegasen a exponer de alguna manera sus propias vivencias como víctimas de violencia, serían pasibles de las mismas medidas.
Asociada a todas estas consecuencias disvaliosas que implica reconocerse víctima de violencia en el ámbito laboral y a la naturalización de la violencia en lo cotidiano (sobre todo aquellas formas menos graves o tangibles), resulta un dato relevante el número de compañeras que respondieron que “sí” a alguna de las preguntas que las ubicaba como víctimas de algún tipo de violencia pero luego contestaron “no” a la pregunta genérica sobre si habían vivido alguna situación de violencia.
Prosiguiendo con el análisis, en esta nueva versión de la encuesta se consultó a las encuestadas sobre cómo califican el proceso de denuncia atravesado, ante lo cual las respuestas fueron muy alarmantes, ya que el 94% expresó que les había resultado revictimizante. Las razones argüidas para calificar de esta manera al proceso y resultado de la denuncia fueron, entre otras, el haber padecido maltrato, intimidación, persecución y violencia por parte de las autoridades destinadas a actuar ante la denuncia.
Por otra parte, la encuesta indagó también sobre aquellas trabajadoras que habían sido citadas como testigas en el marco de procesos disciplinarios por hechos de violencia de género laboral y sus apreciaciones sobre el mismo, ante lo cual se llegó a la preocupante conclusión de que la gran mayoría se sintió maltratada por las autoridades, calificaron al proceso como persecutorio, una formalidad no resolutiva y no haber recibido ningún tipo de medida protectoria. En conclusión, el 79% consideró que el proceso había resultado revictimizante y el 21% reparador.
- Efectos de las violencias
Por último pero no menos importante, la encuesta profundizó sobre los efectos que las violencias tuvieron en las trabajadoras judiciales que las padecieron o atestiguaron, y estos fueron los resultados: el 28% de las víctimas tuvo la necesidad de pedir licencias por las situaciones de violencia padecidas en el ámbito laboral, mientras que en la encuesta del año 2021 fue el 23%. El 63% de las compañeras que sufrieron o atestiguaron episodios de violencia de género en el ámbito laboral pidió un traslado o pensó en renunciar a su trabajo por las experiencias padecidas, cifra que también aumentó con respecto al dato recabado en el año 2021, en el cual el 56% de las víctimas manifestó esta situación.
Por otra parte y como dato novedoso de la nueva versión de la encuesta, se preguntó a las trabajadoras si habían visto afectado su desempeño laboral por las situaciones de violencia padecidas o atestiguadas, ante lo cual el 56% respondió que sí. Asimismo, ante la consulta sobre si se habían sentido afectadas emocionalmente por situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, el 72% respondió afirmativamente.
Reflexiones finales
Como se puede apreciar en los resultados analizados, la situación de violencias de género en el ámbito laboral del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires es muy grave ya que los índices son alarmantes. El 96% de las informantes manifestó haber padecido al menos un tipo de violencia de género en el ámbito laboral, en algunos casos de índole gravísima. Por otra parte, en todos los tipos de violencia, prevalecen los hombres de mayor jerarquía como victimarios, una muy baja tasa de denuncia y una respuesta institucional casi nula.
Los datos presentados en este trabajo ilustran la cotidianeidad en el ámbito laboral al interior del Poder Judicial, donde persisten mecanismos, prácticas y sentidos discriminatorios y violentos. La violencia de género en el ámbito laboral es un serio agravio a los derechos humanos de las mujeres y diversidades, que nos impide desarrollarnos plenamente como trabajadoras y ejercer nuestros derechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración General tienen el deber de actuar en consecuencia, atendiendo y previniendo este tipo de violencia. Sin embargo, la encuesta arrojó como resultado que los dispositivos de atención de esta problemática no están siendo efectivos, ya que el nivel de violencia es altísimo y la mayoría de las víctimas no realizó ninguna denuncia. En relación a quienes sí efectuaron un reclamo, muy pocas tuvieron resultados favorables. Todo esto implica que los victimarios, personas agresoras de gran jerarquía y poder dentro del Poder Judicial, siguen actuando con total impunidad.
Las intervenciones de las oficinas encargadas de abordar esta problemática, lejos de procurar el cese de las violencias, parecen favorecer su perduración en el tiempo e incluso agravarlas en múltiples formas de revictimización institucional. Esta modalidad es conocida por las empleadas, funcionarias y magistradas, no solo por haberla atravesado de manera directa, sino también por haber atestiguado una situación o escuchado a otra compañera. De esta forma se estructura, sistematiza y amplifica un efecto disciplinador para la gran mayoría de las trabajadoras, quienes, como intento de protección, no se animan a denunciar y/o lo evitarían. Esto se ve evidenciado en el “miedo” que todas las trabajadoras encuestadas manifestaron tener ante la realización de una denuncia, ya que visibilizan que ésta les genera perjuicios aún mayores. Asimismo, tener conocimiento de que son las víctimas quienes deben buscar traslado, renunciar y/o pedir licencias, mientras que los agresores se quedan en sus puestos de trabajo, se interpreta como legitimación de la práctica violenta por parte de la organización laboral; consecuentemente, su continuidad y multiplicación.
La falta de acciones efectivas ante la situación de violencia por parte de la organización laboral debe incluirse en el contexto, para lograr una comprensión integral del fenómeno de la violencia de género laboral, considerando también como causantes no sólo al agresor sino también a la respuesta institucional ante las denuncias, que tiene efectos sobre todas las mujeres y personas LGTTBIQ+ trabajadoras, por el hecho de ser testigas.
Por ello es necesario deconstruir prácticas que naturalizan estereotipos y normalizan la violencia, así como reconocer que la violencia por razones de género en el ámbito laboral es una violación a los Derechos Humanos de las mujeres de vivir una vida libre de violencia sin discriminación. Consideramos imperioso brindar garantías de un compromiso institucional para canalizar las denuncias de acuerdo a protocolos elaborados con perspectiva de género, que generen confianza, donde la víctima no sea revictimizada y se vean garantizados sus derechos.
Los abrumantes resultados demuestran a las claras la necesidad de tomar medidas urgentes para revertir esta dramática realidad. En esa línea consideramos urgente que se formule un protocolo de abordaje de las violencias de género laboral, que permita a las compañeras víctimas tener un real acceso a la justicia que genere que se animen a denunciar y confíen en el sistema; puedan expresar las situaciones vividas sin miedo, sin ser revictimizadas y/o responsabilizadas en un marco de confidencialidad y respeto; reciban acompañamiento, contención y orientación; tengan acceso a toda la información del proceso; el organismo proceda a la resolución del caso de forma rápida, eficaz y con perspectiva de género, evitando que la trabajadora sea perjudicada en lo laboral; y reciban justicia, sancionando a los/as responsables.